Pese al actual contexto social, expertos mencionan que nuestro país todavía se mantiene atractivo frente a inversionistas extranjeros. Sin embargo, los mismos expertos se mantienen alerta a una posible baja en la nota de clasificación soberano de Chile, lo que sí podría impactar en la inversión y en la calidad crediticia de las empresas mineras.

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Pese a baja en ranking Fraser
Inversiones mineras podrían eludir el efecto estallido social

Pero el coronavirus y la discusión constitucional amenanzan al sector en el corto plazo.

Un nuevo tropezón tuvo Chile la semana pasada en la reconocida encuesta del canadiense Fraser Institute, que mide el atractivo minero de distintas jurisdicciones del mundo. Cayó del 6º al 17º puesto en el ranking general, la peor ubicación desde 2016, cuando bajó hasta el puesto 39º.

¿Es este un indicador de que las inversiones en minería podrían verse afectadas en el corto o mediano plazo? Pregunta difícil en el contexto político social actual, pero en la que los expertos no dudan mucho. En principio, la mayoría sostiene que las inversiones en minería son de largo plazo y que se ejecutan considerando distintos parámetros. Sin embargo, advierten que que hay riesgos que pueden amenazar la recuperación que estaba teniendo el sector desde finales de 2017.

El académico de la UC Gustavo Lagos advierte que la encuesta de Fraser no representa la opinión de las empresas que realizan inversiones en Chile. Agrega que los principales elementos que mueven estas inversiones son: el precio del cobre; la tendencia de este precio, y los proyectos disponibles.

La materialización de inversiones también es motivada por la clasificación de riesgo de los países y las empresas. «Si se baja la nota de clasificación soberano de Chile, podría haber un impacto en la calidad crediticia de las compañías mineras que operan en el país. Este podría impactar la inversión. Hasta ahora, sin embargo, las principales agencias (S&P, Moody´s y Fitch Ratings) han mantenido la clasificación para Chile», dice Jaime Sepúlveda, analista del cobre de CRU, una consultora minera. «No obstante, esto podría cambiar en el corto plazo», advierte. Esto, en especial, en un escenario en que la deuda fiscal se espera que aumente fuertemente en los próximos años.

Chile, por ahora, se mantiene atractivo, pese a perder posiciones en el ranking. «Chile se encuentra siempre con índices muy favorables respecto a los demás países. En particular, con aquellas jurisdicciones que son más cercanas o equivalentes al potencial minero», dice Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de Cochilco.

«Wait and see»

La conclusión de Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusminig, es que el deterioro que muestra Fraser Institute «es reflejo de factores que se han ido acumulando, como las crecientes dificultades en permisos (para proyectos)». ¿Pero habrá más o menos inversión? «Creemos que habrá un -wait and see- (esperar y ver) hasta que se aclare el panorama de largo plazo para el país», escribe.

Guajardo responde vía Whatsapp desde Toronto, donde asiste al encuentro PDAC, que reúne a inversores y gestores de proyectos mineros de todo el mundo.
– ¿La crisis social en Chile ha llamado la atención de los inversionistas?
– En general no hay tanta atención al caso de Chile. Las noticias no llegan afuera con el mismo nivel de intensidad que la vivimos nosotros. Pero sí hay mucha curiosidad, pues es un contraste con la idea que había del país.
El «wait and see» al que hace referencia Guajardo, sin embargo tiene un componente pesimista. «Es evidente que la inversión en el país, y la minera en particuñar, se verá afectada por el actual contexto político-social», advierte Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. «Si a eso sumamos una baja en el crecimientode China, por los efectos del virus, el panorama para el sector minero, en el corto plazo, no se ve muy auspicioso».

A la eventualidad de perder la clasificación de riesgo y de un menor precio del cobre a causa del coronavirus, se suman como riesgos el proceso constituyente y una esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que aún no se concreta.

«Una nueva Constitución podría conducir a cambios legales de relevancia para las compañías mineras, tales como el derecho a la propiedad privada o derechos de agua», advierte Sepúlveda. Esto último, dice, es un área donde las compañías mineras han expresado preocupación.

Por su parte, la modernización del SEIA, «con el propósito de agilizar la tramitación de los proyectos», ayudaría a recuperar la inversión, acota Riveros. «La reforma podría ayudar a la percepción de los inversionistas extranjeros, según lo medido en el informe Fraser, desde la perspectiva de facilitar el proceso, en especial, a nuevos proyectos», explica.