Fuente: Pulso.
Por Hernán de Solminihac, Jefe del Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos.
Gran parte de la ciudadanía se ha pronunciado a través el plebiscito del 25 de octubre pasado y, con ello, se ha abierto la posibilidad de discutir los contenidos de una nueva Constitución.
Ciertamente, son múltiples los deseos y demandas que se quisiera plasmar en el documento Sin embargo, es importante entender que hay algunos elementos que estructuran a los demás. Todo país desarrolla sus políticas públicas en la medida en que las puede financiar.
Para que el Estado pueda obtener recursos es importante tener actividad económica que permita recaudar, y una palanca para ello es el crecimiento, donde la infraestructura es un elemento clave para facilitarlo. La infraestructura debe estar al servicio de las personas, ayudando a su calidad de vida; permitiendo transportar alimentos, productos, datos, agua y energía; además de generar múltiples empleos durante su construcción, operación y mantención.
Considerar la importancia de la infraestructura, así como la de otros elementos relacionados a la sustentabilidad, al cambio climático y la resiliencia, entre otros, son aspectos esenciales que se deben discutir y analizar, de manera que se pueda encontrar el mejor mecanismo para otorgarle estabilidad en nuestro orden jurídico.
Obviamente, la forma en que se consideren estos elementos, podría generar una diferencia en cómo se aprecie cada tema, más allá de si se prioriza uno u otro. De ahí la importancia de lograr acuerdos incorporando la participación ciudadana y, considerando la institucionalidad y certeza jurídica, más allá de un gobierno de turno. En esta línea, es importante buscar mecanismos que nos permitan planificar el desarrollo de nuestra infraestructura de largo plazo con una mirada de Estado.
Es importante comprender que las obras de infraestructura nos acompañaran durante varias décadas, incluso generaciones. Cimentar correctamente o de la mejor forma posible, e incluyendo todos los aspectos necesarios para su éxito -principalmente durante la etapa de creación del nuevo sistema de normas que regirán la organización legal de Chile- es fundamental para el desarrollo del país y la sociedad.
La pandemia aceleró algunos cambios importantes en esta materia, como el avance en infraestructura y la transformación digital, y el plebiscito abrió una posibilidad para discutir y aportar a nuestro orden jurídico. En este sentido, compatibilizar el crecimiento económico con una agenda social que logre el impacto anhelado, representa una oportunidad para alcanzar un país mejor.
